- 2/5/19 - Marval.com
El daño punitivo en el anteproyecto
de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor
El anteproyecto de reforma integral
de la Ley de Defensa del Consumidor modifica, entre otros temas, el ya regulado
daño punitivo. Los principales cambios se detallan a continuación.
Conforme se informó en el artículo “Ley de Defensa del Consumidor:
Anteproyecto de reforma integral”, el anteproyecto de reforma
integral de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, presentado en diciembre
de 2018 ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, buscó, entre otros
temas, reformar sustancialmente el ya regulado daño punitivo.
El concepto de daño punitivo fue
incluido en la Ley Nº 24.240, en el año 2008, mediante la sanción de la
Ley Nº 26.361, que incorporó el actual artículo 52 bis.
En este artículo, se entiende el
daño punitivo como una multa civil que podrá ser impuesta por el juez al
proveedor que incumpla sus obligaciones legales o contractuales en relación con
el consumidor, siendo este último el único legitimado para pedir la multa y el
único destinatario del monto pagado en tal concepto.
El anteproyecto trata el daño
punitivo en un capítulo propio, denominado “Sanción Punitiva”, dentro del cual
se encuentra un único artículo, el 118, que regula esta sanción. Asimismo, lo
trata como una “sanción punitiva por grave menosprecio a los derechos del
consumidor”.
Dentro de los fundamentos del
anteproyecto, se mencionan las fuentes, tanto nacionales como extranjeras, en
las que se basaron los autores para redactar este artículo:
Fuentes nacionales: El actual artículo 52 bis de la
actual Ley Nº 24.240 incorporado por la Ley Nº 26.361, el debate parlamentario
de la misma, el Proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2012
y el texto del actual Código Civil y Comercial de la Nación.
Fuentes extranjeras: Legislación y doctrina de los
Estados Unidos de América y el artículo 1266 del Proyecto de Reforma de la
Responsabilidad Civil presentado por el Ministerio de Justicia francés en marzo
de 2017.
A continuación, se detallan las
reformas que se proponen respecto del actual sistema del artículo 52 bis de la
Ley 24.240, teniendo en cuenta tanto el texto propuesto por el anteproyecto,
como la opinión de sus autores:
Denominación: Ya no se habla de “multa civil”,
sino de “sanción punitiva”, en un intento por reflejar su función sancionatoria
contra el proveedor y, al mismo tiempo, prevenir y disuadir la reiteración de
la conducta.
Presupuesto
fáctico:
Actualmente, la norma requiere como presupuesto fáctico el mero incumplimiento
legal o contractual del proveedor. No obstante, el anteproyecto requiere que el
proveedor actúe con “grave menosprecio hacia los derechos del consumidor”.
Dentro de los fundamentos de la reforma, se aclaró que esto significa que se
requiere la configuración de un factor subjetivo de atribución de
responsabilidad calificado, por ejemplo, dolo, indiferencia o grave negligencia
del proveedor respecto del daño generado.
Legitimación
activa: Se busca
ampliarla, ya que, además del consumidor damnificado que es el único legitimado
actualmente para pedir la sanción, el anteproyecto extiende esta facultad al
Ministerio Público Fiscal y al propio juez, que la puede aplicar de oficio
(previo traslado al proveedor al presentarse la demanda). En las acciones
colectivas, se incluyen a todos los legitimados activos para promoverlas. Esto
último se justifica en el principio de que se trata de una sanción que excede
el interés individual del consumidor, ya que, en la represión de estas
conductas, está también en juego el interés público.
Graduación: Además de la “gravedad del hecho”
y “demás circunstancias del caso”, que son las pautas consideradas por la ley
vigente, se especifican particularmente los siguientes criterios a fin de
graduar el monto de la sanción: repercusión social de la conducta, beneficios
que el proveedor obtuvo o pudo obtener, efectos disuasivos de la medida, el
patrimonio del dañador, posible existencia de otras sanciones administrativas o
penales.
Tope máximo: Actualmente es un monto fijo de
ARS 5.000.000, mientras que en este proyecto pasa a ser la mayor de las
siguientes alternativas: i) 5.000 Salarios Mínimos Vitales y Móviles
(actualmente ARS 62.500.000), o ii) 10 veces la ganancia obtenida por el
proveedor como consecuencia del hecho ilícito. Es decir, por un lado, se
establece un monto con su propio mecanismo de actualización y, por el otro, un
monto directamente relacionado con el beneficio obtenido o a obtener por el
proveedor, lo que resulte mayor.
Destino de
la sanción: Según el
régimen vigente, lo recaudado mediante la aplicación de la sanción, beneficia
solo al consumidor, mientras que el anteproyecto propone que el juez resuelva
el destino, mediante resolución fundada. El anteproyecto deja a criterio del
juez, la opción de que el importe de la sanción sea destinado ─total o
parcialmente─ al consumidor damnificado o a otras personas (como entidades de
beneficencia o fondos específicos). Asimismo, aclara a manera de ejemplo cuáles
son los temas que debe tener en cuenta el juez para decidir el destino de la
sanción: si se impuso de oficio o a pedido de parte, quién fue el legitimado
activo que la solicitó, cómo fue la actuación procesal del consumidor, cuál es
la situación del consumidor (considerando los casos de “hipervulnerabilidad”),
la índole de los intereses afectados y la naturaleza individual o colectiva de
la acción intentada. Por último, se aclara que la búsqueda de cambiar el
sistema actual radica en que este desalienta la fijación de montos importantes,
ante el temor de los jueces de consagrar un enriquecimiento excesivo del
consumidor.
Responsabilidad
solidaria:
Actualmente se establece un régimen de responsabilidad solidaria de todos los
proveedores, cuando más de uno sea responsable del incumplimiento. No obstante,
el anteproyecto propone un régimen de responsabilidad solidaria únicamente de
los proveedores autores de la conducta que dio lugar a la sanción punitiva, en
caso de que sea más de uno el autor. Se busca evitar de esta manera la
solidaridad en cabeza de toda la cadena de producción y comercialización,
acotándola únicamente a los autores de la conducta sancionada.
No asegurabilidad: Además, el anteproyecto
agrega la prohibición del proveedor de asegurar la obligación de pagar esta
sanción punitiva. El fundamento está dado por la intención de reforzar el
carácter disuasorio de la sanción.
- 13/6/19 - Edición Calificada
El director nacional de defensa del consumidor, Fernando Blanco Muiño, informó que se les entregaba a los senadores un pendrive conteniendo “un anteproyecto de ley que tiene 186 artículos”, al que se arribó “tras un año y medio de trabajo de la comisión reformadora, integrada por juristas de primer nivel de distintos puntos del país, con una visión muy federal”.
Blanco Muiño contó que la ley vigente data de 1993 y que los cambios evidenciados desde esa fecha en lo que respecta a los consumidores hicieron necesario llevar adelante un trabajo de análisis para renovar la norma, tarea que comenzó a realizarse en el 2017 y finalizó en diciembre pasado.
“El 9 de julio, en las Naciones Unidas, Argentina va a promover un evento en materia de derechos del consumidor donde se presentará al resto del mundo lo que son los avances en la materia”, anticipó Blanco Muiño, ante los senadores Brizuela y Doria, Julio Cesar Cobos (Mendoza-UCR), Mario Faid (Jujuy-UCR) y Roberto Basualdo (San Juan-Producción y Trabajo)
La comisión de especialistas fue coordinada por Carlos Hernández y tuvo como miembros a Gabriel Stiglitz, Belén Japase, Sebastian Picasso, Javier Wajntraub, Leonardo Lepíscopo, Carlos Tambussi, Maria E. Darchivio, Roberto Vázquez Ferreyra, Gonzalo Sozzo, Federico Ossola y Fulvio Santarelli.
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor congregó en el Salón Eva Perón del Honorable Senado de la Nación a miembros de la Comisión Reformadora y los Senadores Inés Brizuela y Doria de Cara, Julio Cobos, Mario Faid y Roberto Basualdo.
- 17/6/19 - Argentina.gob.ar
Buenos Aires, 17 de junio de 2019. – La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, presentó el pasado martes 12 de junio el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor en el Salón Eva Perón del Honorable Senado de la Nación.
En un encuentro presidido por Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, y la Senadora Inés Brizuela y Doria de Cara, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, se entregó a los integrantes de dicha Comisión una copia digital del Anteproyecto de Reforma de la Ley 24240, de Defensa del Consumidor, con vistas a iniciar su camino parlamentario.
La Ley 24240, sancionada en 1993, ha constituido en sus 25 años de vigencia un instrumento esencial para canalizar los intereses de los consumidores frente a las cambiantes exigencias económicas y sociales. Sin embargo, las diversas modificaciones de esta Ley desde su entrada en vigencia, los cambios en el consumo, el impacto de las nuevas tecnologías y la normativa internacional confirmaron la necesidad de una reforma integral de su texto.
Durante un año y medio de trabajo, la Comisión Reformadora, compuesta por juristas de primer nivel y de diferentes puntos del país, realizó una profunda labor de análisis para renovar la Ley, lo que culminó en un documento de 186 artículos. La Comisión fue coordinada por Carlos Hernández y tuvo como miembros a Fernando Blanco Muiño, Gabriel Stiglitz, Belén Japaze, Sebastián Picasso, Javier Wajntraub, Leonardo Lepíscopo, Carlos Tambussi, Maria Eugenia D'Archivio, Roberto Vázquez Ferreyra, Cosimo Gonzalo Sozzo y Federico Ossola.
Asistieron al evento los Senadores Julio César Cobos, Mario Faid y Roberto Basualdo; Carlos Hernández, Belén Japaze, Gabriel Stiglitz, Leonardo Lepíscopo, Maria Eugenia D'Archivio y Federico Ossola, miembros de la Comisión Reformadora y Fulvio Santarelli, director de la editorial La Ley.
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